AC. Alfonso I Los rencorosos, los profesionales del odio, los que no se resignaron a ser los perdedores de una guerra que merecieron perder y no descansaron hasta ganarla donde ganan los tramposos y los mediocres: en los despachos, en los restaurantes o en los reservados de los prostíbulos, han dado el de momento último paso hacia la ignominia.
 Cuando Zapatero aprobó el parto de la Memoria histórica con la colaboración mamporrera de la derecha miserable muchos tuvimos claro de que iba el invento: acabar con la convivencia pacífica, despertar rencores superados, engrasar las arcas de toda la patulea izquierdista que parasita el país y cobrarse venganza sobre aquellos que ya no pueden defenderse. Todo mezquindad, todo mediocridad y todo bajeza moral, los mimbres con los que ha florecido la izquierda española.
Primero fueron algunas calles, luego los monumentos y las placas a las víctimas del terror rojo, incluso las de los mártires que, mudas testigos de la barbarie, incomodaban con su presencia a los defensores de los victimarios en las paredes de las iglesias, Ni las placas de las casas acogidas a los beneficios sociales se han librado. Pero aún se están recogiendo los bloques de los últimos monumentos con los que los santanderinos mostraron su agradecimiento a sus libertadores cuando la Consejería de Educación que desprestigia un cantamañanas que responde al nombre de Ramón Ruiz, acaba de aprobar la colocación de una placa en memoria de los “represaliados del franquismo” que estuvieron encerrados en el antiguo edificio de Tabacalera, hoy Biblioteca Central y Archivo Histórico. De esta manera cumple el deseo de determinadas asociaciones defensoras del frentepopulismo que representan a media docena de añorantes del pasado más oscuro de España y a los sindicatos de la chapa, así como al rancio PSOE, organización política que en cualquier país medianamente civilizado ya habría sido proscrito.
En esto ha consistido la labor, primero borrar el nombre de las víctimas, unas mil, asesinadas por el odio irrefrenable que socialistas, comunistas y anarquistas profesaban hacia la religión, la milicia y todo lo que tuviera que ver con la tradición española y ahora sustituirlos por el nombre de sus asesinos.
 “Comisiones de expertos” formadas por indigentes intelectuales o por juntaletras como Isidro Cicero cuya aportación a la causa no ha ido más allá de un par de novelitas sobre algunos de los salteadores de caminos que se dedicaron a dificultar la normalidad de la vida de los montañeses hasta su captura, ajusticiamiento o eliminación. Salteadores que hicieron del secuestro, el robo, el chantaje y el asesinato su modus operandi, el mismo que la ETA instauraría más tarde y que tan bien aceptaron los colegas de los peticionarios de tan repugnante placa.
Al final en Santander no murió nadie entre 1931 y agosto de 1937 que no fuera por causas naturales. El hecho de que la izquierda no haya querido distinguir nunca entre los asesinos y aquellos que pudieran haber sido depurados o represaliados por el hecho de haber sido colaboradores de aquellos con su acción o su omisión hace que por dignidad, por justicia y por decencia sólo podamos manifestar nuestro desprecio ante este tipo de iniciativas moralmente perversas, académicamente disparatadas e históricamente aberrantes.
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