Antecedentes: 1. George Soros y la Open Society Foundation

El pasado 15 de agosto, la web DCLeaks.com publicó la filtración de 2.576 documentos internos de la Open Society Foundation y de su rama europea, la Open Society Initiative for Europe (OSIFE), del especulador financiero norteamericano de origen húngaro George Soros. En ellos se encontraban una serie de documentos que trataban sobre la estrategia de la OSIFE para la Unión Europea en relación con la situación en Ucrania. La OSIFE, partidaria del Maidán y del gobierno ucraniano salido de esta revuelta, y claramente antirrusa, se mostraba preocupada por la mala imagen que tenía en algunos países de la Unión Europea la Ucrania postMaidán y, dentro de ellos, entre las fuerzas políticas de izquierdas. Estos países eran, en concreto Alemania, Francia, Italia, Grecia y España. La OSIFE, con sede en Barcelona, estaba decidida a actuar sobre la opinión pública de estos países con el fin de dar una imagen positiva del gobierno ucraniano y negativa de Rusia, aunque para ello hubiera que desinformar y mentir, como los propios documentos filtrados revelan. Para ello, la OSIFE encargo la realización de una serie de informes sobre el debate público y los principales agentes que participaban en él en dichos países. Uno de eso informes está dedicado a España.

Antecedentes: 2. La OSIFE y el informe sobre España

La OSIFE, en el caso de España, financió la elaboración de un informe de unas 3.000 palabras más una serie de anexos. Por este informe se pagó 6.500 dólares más unos complementos derivados de gastos extra por su realización. El informe debía incluir datos sobre al menos 6 periódicos generalistas, 10 medios audiovisuales (TV y radio), 6 sitios Internet y alrededor de 50 líderes de opinión y configuración de tendencias en las redes sociales. El contrato fue adjudicado a Nicolás de Pedro y el informe final debía de estar entregado en mayo de 2015. Además de él, en la elaboración de dicho informe, colaboró Marta Ter. Este informe no se encuentra entre los documentos publicados por DCLeaks.com; pero si se encuentra publicado uno de los anexos de este informe.

Este anexo recoge cuatro listas de ciudadanos españoles y diversas entidades en relación con la red social Twitter. La primera de ellas es un listado de 49 usuarios de Twitter bajo el título de “Key Pro-Russian Opinion Formers” (“Creadores de Opinión Claves Prorrusos”). En la segunda lista aparecen 15 usuarios de Twitter, -entre los que se incluyen los autores del anexo, Nicolás de Pedro y Marta Ter- con el título  de “Analysts / Pro-Kyiv / Critical voices” (“Analistas/Pro-Kiev/Voces críticas”). La tercera de las listas, 18 usuarios de Twitter, está encabezada por el siguiente párrafo: “People that might be of particular interest for the project but who are not tweeting about Ukraine (perhaps it would be better to exclude them from the data analysis)” (“Personas que podrían ser de particular interés para el proyecto pero que no están tuiteando sobre Ucrania (quizás sería mejor excluirlos del análisis de datos)”). Finalmente, el anexo termina con una lista de 6 usuarios de Twitter que es titulada como “POTENTIAL MEDIA PARTNERS” (“MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIOS POTENCIALES”).

Tanto Nicolás de Pedro como Marta Ter han reconocido públicamente la veracidad de lo aquí expuesto.

Antecedentes: 3. La OSIFE y el CIDOB

Marta Ter es Coordinadora de programa sobre el Cáucaso Norte (Rusia) de la Lliga dels Drets dels Pobles. Nicolás de Pedro según consta en la web oficial del CIDOB <>

El CIDOB es un think tank español constituido legalmente como una fundación de naturaleza pública. Las siglas CIDOB corresponden a Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona, si bien su actual su nombre oficial es Barcelona Centre for International Affairs, aunque se mantiene el acrónimo histórico original “CIDOB” para denominar a esta fundación. Entre los objetivos del CIDOB está el ser <>, tal y como consta en su web oficial.

Los patronos institucionales de la Fundación son:

• Generalitat de Cataluña
• Ayuntamiento de Barcelona
• Diputación de Barcelona
• Área Metropolitana de Barcelona
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
• Consejo Interuniversitario de Cataluña

La financiación del CIDOB en su ejercicio de 2015 vino, según se describe en su web oficial, de los patronos institucionales arriba referidos (que aportaron el 51,8% de su financiación), de sus patronos a título personal, de otras entidades públicas, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, de la Comisión Europea, y por diversos patrocinadores. Entre estos patrocinadores se encuentra la OSIFE.

La OSIFE fue creada el 2 de enero de 2013 y fue registrada como una entidad legal con el nombre en catalán de Fundacio per a la promocio de la iniciativa per una societat oberta a Europa. Su sede está en la C/Elisabets, 24, Barcelona 08001. Su director, desde su creación hasta hoy en día, es Jordi Vaquer, que dejo su puesto como director del CIDOB para dirigir la entonces la recién creada OSIFE.

De acuerdo con lo que se acaba de exponer OHRE manifiesta lo siguiente:

1.    Nuestra solidaridad con todos los afectados etiquetados en el anexo elaborado por Nicolás de Pedro y Marta Ter como “prorrusos” o “pro-Kiev”, por utilizar la terminología simplista y maniquea de los autores, atendiendo a sus supuestas afinidades políticas o simplemente por hacer su trabajo honestamente como periodistas, académicos, analistas, etc. sobre el conflicto de Ucrania expresando libremente sus opiniones al respecto. Es inadmisible que en una democracia y en un estado de derecho se elaboren listas de esta naturaleza y pone de relieve la deshonestidad intelectual de sus autores y sus fines políticos.

2.    Dada la probada toma de postura política en el conflicto de Ucrania por George Soros y la OSIFE a favor del actual gobierno de Kiev y en contra de Rusia, como su intención de influir en la opinión pública española por cualquier medio, incluidos la desinformación y la mentira, para posicionar a esta del lado del gobierno ucraniano y oponerla a Rusia, es especialmente grave la “lista negra” de los prorrusos, que se convierten en objetivos políticos “enemigos” a los que silenciar o desprestigiar para anular su influencia en Twitter por parte de la OSIFE. Es sintomático de la parcialidad y de la intencionalidad de los autores del anexo que clasifiquen a los “prorrusos”, no como “pro-Moscú”, es decir, como favorables a las tesis del gobierno ruso, sino como “prorrusos” o favorables al Estado  Ruso, y, sin embargo, señalen de “pro-Kiev”, es decir, de partidarios del gobierno ucraniano, y no de “proucranianos”, o partidarios del Estado Ucraniano, a estos últimos. Los autores tienen claro que su objetivo es defender al gobierno de Ucrania; pero no a Ucrania, y criticar a Rusia y no solamente al gobierno ruso. Esta “lista negra” es, además, éticamente reprochable, pues se está vendiendo información de personas, que al ser incluidas en la lista, van a convertirse en objetivos de una organización, la OSIFE, que está haciendo política contra Rusia.

3.    Hay suficientes indicios que muestran una estrecha relación entre el CIDOB y la OSIFE y que cuestionan la independencia, pluralidad y la ausencia de agendas partidistas o ideológicas dominantes como la primera proclama. No queda nada claro hasta qué punto el CIDOB es dependiente u obedece a la OSIFE, puesto que la OSIFE les financia como institución y paga a sus investigadores por realizar informes para esta. Esta relación es absolutamente incompatible con el carácter público del CIDOB, que está financiado principalmente por organismos del Estado y, por tanto, por fondos públicos, que de ninguna manera pueden ponerse al servicio de una causa partidista. Se dan, además, circunstancias agravantes como, por un lado, que esa información se vendiera a un organización extranjera con fines políticos, que, no olvidemos, tiene vínculos con distintas instancias estatales de los EE.UU., a cambio de un precio y que, por otro, en el CIDOB figure como socio institucional nada menos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, el cual, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

4.  Esto puede llevar a pensar con fundamento que desde el CIDOB se realizaban labores de información sobre académicos, periodistas y otras personas y entidades españoles marcadas como prorrusas. Estas actividades de obtención de información son impropias de un think tank y, al contrario de lo manifestado por Nicolás de Pedro en Spunik, ni son legítimas ni son una práctica ordinaria de un centro que se supone realiza estudios geopolíticos. El anexo publicado no es parte de un trabajo académico sobre lo que sucede en Ucrania, es información en bruto para ser sometida a un análisis de inteligencia, algo muy distinto.

5. Debemos recordar que la inclusión de personas en “listas negras” vulnera la legalidad internacional, en concreto el derecho de libertad de expresión previsto en el artículo 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, según el cual, <>. A nivel nacional también conculcaría el artículo 20 de la Constitución Española. Si bien el informe no ha sido publicado y sólo tenemos las condiciones y fines del contrato y el anexo con las listas de Twitter, estos documentos apuntan a que las actividades llevadas a cabo por el CIDOB y su investigadores, además de impropias, podrían considerarse ilegales, respetando la presunción de inocencia.

6.    Como hemos apuntado anteriormente, el anexo está proporcionando información en bruto de la que cualquier analista de inteligencia puede extraer una enorme cantidad de información. Esto hace que el número de afectados pueda ser mucho mayor que el de los 49 usuarios de Twitter incluidos en la “lista negra” de las cuentas vendidas a la OSIFE. A cualquier servicio de inteligencia público o privado estos datos les permitiría, con la ayuda de un software profesional, procesarlos y trazar toda la red de contactos de los usuarios incluidos en la mencionada “lista negra”, localizar a las personas más influyentes dentro de su red, encontrar otros contactos que puedan resultar de interés, incluso analizar, automáticamente, sus opiniones entre otras posibilidades. Si además, aunque no nos consta y con respeto a la presunción de inocencia, se hubieran aportado números de teléfono o cuentas de correo de las personas que integran dicha “lista negra” a los que tenía acceso Nicolás de Pedro, por razones de amistad o profesionales, el caso podría tener consecuencias penales graves.

7.  Debido a que únicamente conocemos la información de un anexo de un documento que no ha sido publicado no se puede saber que información se suministró para su elaboración, por lo que lo lógico es que la Fiscalía General del Estado de oficio abriera diligencias de investigación dado que concurren indicios racionales de delito dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Puesto que sólo teniendo acceso al informe completo, a los correos electrónicos intercambiados entre los autores, el CIDOB y la OSIFE, sobre él, si los hubiera, y a otra información que pudiera aparecer en la investigación, podríamos conocer el alcance y el valor de la información vendida a la OSIFE.

8. Igualmente, el CIDOB, en un ejercicio de transparencia, debiera, por iniciativa propia y dado que se financia a través del dinero de los contribuyentes a través de distintas instituciones públicas, esclarecer su relación con la OSIFE aportando datos concretos que no se reflejan en sus cuentas anuales.

9.   También, en este caso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendría, como mínimo por competencia, sino por imperativo legal, que investigar hechos de esta naturaleza.

10. Esta es, en resumen, la gravedad de los hechos acontecidos: una institución española, el CIDOB, patrocinada por el Estado español y finananciada públicamente es al mismo tiempo financiada y trabaja para una fundación privada extranjera, a la que suministra información de inteligencia, que defiende posiciones geopolíticas concretas en conflictos internacionales y actúa dentro de naciones soberanas para cambiar desde la opinión pública sobre determinados sucesos hasta tomar partido a favor o en contra de gobiernos democráticamente elegidos y que está estrechamente ligada a los intereses geopolíticos de otro estado (los EE.UU.), que no es, por tanto, independiente, sino dependiente ideológicamente de quien les financia privadamente, como muestra su vinculación personal, financiera y contractual y la absoluta coincidencia del CIDOB con la línea política, ideológica y las prácticas de la OSIFE. Nos gustaría saber si el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español desconocía estos hechos o no; puesto que si los conocía estaba respaldando política y financieramente, de forma indirecta a través del CIDOB, a la OSIFE y sus planteamientos y actuaciones geopolíticas lo que resultaría de una gravedad extrema.

11. Por todo esto, finalmente, las actividades en España de las fundaciones de George Soros, así como sus acuerdos de colaboración con las distintas entidades españolas, deberían ser suspendidas cautelarmente, por razones de seguridad nacional y por su incompatibilidad con nuestro sistema democrático, hasta que concluyera la investigación del órgano competente cuya apertura exigimos desde OHRE.

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